LA JUSTICIA CHILENA Y SU DEUDA HISTORICA

LA JUSTICIA CHILENA Y SU DEUDA HISTORICA


Introducción

Han pasado casi treinta y tres años desde que se produjo en nuestro país el Golpe de Estado ejecutado por los militares el día 11 de septiembre de 1973 que significó un quiebre en la continuidad republicana y con ello un devenir de acontecimientos que separaron hasta nuestros días a una sociedad que se caracterizaba por el consenso democrático, separación que tuvo raíz según el abogado especialista en DDHH Sr. Hugo Gutiérrez en la afinidad política que tenían algunos jueces con el dictador, eso hace que hasta el día de hoy mantengan una actitud obsecuente con ese criminal y con los crímenes que ha cometido y eso ha llevado a no impartir justicia como corresponde. Esta afirmación permite radicar el problema de la justicia chilena en las personas que integran la institución y no en la institución misma, pensando en los fallos que denegaron el derecho al recurso de amparo y que a razón del periodo que va entre 1973 y 1983 se presentaron mas de cinco mil cuatrocientos recursos, de los cuales solo fueron aceptados diez, existen argumentos precisos que permiten creer que los procedimientos presentados en las cortes a favor de los miles de detenidos tuvieron un desenlace preconcebido de tal manera que no cabe otra afirmación que el poder judicial actuaba de manera obsecuente con los ideales que imponía el gobierno militar.



El trabajo que se presenta no pretende ser un documento que tergiverse los acontecimientos, que victimase a un determinado sector o que sentencie culpabilidades a otro, solo pretende dar cuenta del rol que jugó el poder judicial ante un acontecimiento histórico que no se puede dejar pasar por alto para la construcción de un futuro que contradiga el viejo adagio “el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces”.

Los entrevistados pertenecen exclusivamente al sector opositor al golpe de estado, por esta razón se incluirán opiniones que podrán ser descalificadas o aceptadas en su totalidad, se incluirán citas que podrán justificar o no los hechos cometidos durante el periodo de gobierno de la Junta Militar, así como casos y testimonios que podrán permitir al lector recrear los acontecimientos en el cual el poder judicial se vio involucrado.

Causas y opiniones acerca del proceder judicial

En los años de historia de nuestro país, el poder judicial se ha caracterizado por ser inminentemente independiente de los demás poderes del estado, cumpliendo así su cometido de cumplir justicia sin tener que alterar el orden de los procesos ni la imparcialidad de sus dictámenes a causa de influencias políticas o económicas que pudiesen afectar su normal desempeño. Eso es lo que la sociedad piensa o reconoce culturalmente por concepto y funciones del poder judicial, sin embrago solo hace falta dedicar un poco de tiempo a su estudio y análisis histórico para percatarse que lo que llamamos influencia actúa a veces de manera sospechosa y digna de un análisis en mayor profundidad.

Bajo este argumento el Prof. De la Universidad Arcis Sr. Carlos Pérez considera que los poderes que influyen dentro del Poder Judicial son tan radicales que pueden cambiar el parecer de los jueces en el momento de los fallos, estos poderes pasan desde la conveniencia económica para el defendido hasta la trascendencia política que puede o no tener un fallo; en una opinión casi radical argumenta que el Poder Judicial está viciado desde sus entrañas por lo que significan los beneficios al impartir justicia. Una opinión muy parecida es la del Sr. Hugo Gutiérrez, dice que el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema pasa exclusivamente por tener representantes de las tendencias políticas tanto de derecha como de la concertación.

Con esta perspectiva podemos preguntarnos ¿cómo se hace realmente justicia en nuestro país, si los principales administradores de justicia son negociados de acuerdo a los partidos políticos que estén presentes en la actualidad?, ¿es el Poder Judicial en última instancia, una síntesis de lo que podríamos ver en una perspectiva política como un salvoconducto para hacer política sin temor a las repercusiones que estas tengan dentro de la sociedad?, y si estas premisas pueden ser ciertas, ¿como se mueven los diferentes intereses en el Poder Judicial?.

Lo cierto es que la justicia es impartida por personas, personas a las cuales no se les puede negar pertenecer a un ideologismo predeterminado, ni tampoco negar el derecho de que en su fuero interno, que en su intimidad en momento del fallo dejen fluir sus convicciones personales, a que diriman en cuanto lo que ellos crean como lo mejor, lo verdadero. El problema comienza cuando sus decisiones caen en la sentencia de la sociedad y esta puede o no estar de acuerdo. La sociedad pasa entonces a ser la conciencia que siente, que pesa, que raya a veces el límite de lo absurdo o de lo cuerdo, el poder de la opinión pública es al fin y al cabo lo que se siente históricamente como lo verdadero, lo bueno, lo real. La historia es el laberinto que con sus obstáculos permite o no consensuar las corrientes de opiniones que hacen de un acontecimiento algo digno de recordar o de olvidar.

Acción, justificación y argumentación del actuar del Poder Judicial

Como ya hemos dicho anteriormente, hace treinta y tres años que nuestro país se encuentra dividido por los acontecimientos tras el golpe militar, treinta y tres años que por casualidad coinciden con la edad de Cristo al morir, quién piense lo que quiera, la concepción popular lo admite como un luchador social. La opinión del sacerdote jesuita Padre José Aldunate, reconocido luchador social y cura defensor de los DDHH, sostiene que el poder judicial en nuestro país no cumplió con su función radical al mantener y apoyar las injusticias que se realizaron en el periodo de dictadura, los jueces fueron obedientes al golpe ya sea por afinidad ideológica o por miedo, cuestión que es reconocida hoy en día por el pueblo y por toda la sociedad chilena.

Es un momento histórico, que solo duró una veintena de años que en el devenir del tiempo parece casi una anécdota que muchos quieren olvidar para seguir adelante, otros dicen olvidar y perdonar, otros no quieren olvidar para justificar el “nunca mas”, existen aquellos que pretenden fallar los procesos aplicando la amnistía a todos los culpables y así hacer “borrón y cuenta nueva”, hay quienes opinan que no pueden reformar los procesos políticos si aún cargamos a nuestros muertos, las familias afectadas por las violaciones a los DDHH quieren justicia para que sus seres puedan realmente descasar en paz… estén en donde estén. Y yo me pregunto si es necesario volver a meter el dedo en la yaga de mi país una y otra vez, abrir las viejas heridas y dejar caer sangre nuevamente, los tres entrevistados fueron unánimes en su declaración, “claro que es necesario, es la única manera que en nuestra tierra no vuelva a creerse que la justificación de los ideologismos pasa por las injusticias y permitir que nos asesinemos unos a otros”. No queremos volver al temor, al desencuentro, al desentendimiento.

Si el ejercicio del derecho obliga al profesional a obrar de tal manera que solo pueda serle fiel a la verdad y consideramos que el derecho es un conjunto de normas que rigen la conducta humana, el poder judicial se entiende como el garante de la moralidad y la ética de una sociedad. En el discurso hecho por el Presidente (S) de la Corte Suprema Sr. José Benquis, con ocasión de la toma de juramento de un grupo de nuevos abogados en octubre del año 2005, dijo lo siguiente:
“El abogado debe obrar con honradez y buena fe. No ha de aconsejar actos fraudulentos, afirmar o negar con falsedad, hacer citas inexactas o tendenciosas, ni realizar acto alguno que estorbe la buena y expedita administración de justicia”. (1)



Cita que confirma el carácter moral y de buena fe que se les inculca a los juristas desde sus inicios, entonces, ¿cómo podemos justificar lo dicho por el Presidente de la Corte Suprema Sr. en su discurso inaugural del año jurídico de 1975:
"Chile, que no es una tierra de bárbaros como se ha dado a entender en el exterior, ya por malos chilenos o por individuos extranjeros que obedecen a una política interesada, se ha esmerado en dar estricto cumplimiento a estos derechos. En cuanto a torturas y otras atrocidades, puedo afirmar, que aquí no existen paredones y cortinas de hierro y, cualquier afirmación en contrario se debe a una prensa proselitista de ideas que no pudieren ni podrán prosperar en nuestra patria". Enseguida negó que existieran personas detenidas desaparecidas y, finalmente, respecto de la labor de las Cortes expresa: "La Corte de Apelaciones de Santiago y esta Corte Suprema por las apelaciones deducidas, han sido abrumadas en su trabajo con los numerosos recursos de amparo que se han interpuesto, so pretexto de las detenciones que ha decretado el poder ejecutivo. Esto ha traído perturbaciones en la administración de Justicia, quitando a los Tribunales Superiores, especialmente en Santiago, la oportunidad para ocuparse de asuntos urgentes de su competencia". (2)


La verdad de ambas citas no puede pasar desapercibida, lo que para uno es un acto de abierta contradicción con los principios morales del ejercicio de la abogacía, para otro en su contexto es la justificación plena. Lo cierto es que el poder judicial paso a ser el único organismo constitucional que sobrevivió al Golpe de Estado, pero tras este aparente acto de normalización se ocultaba el verdadero motivo para su supervivencia, Chile debía mostrarse al mundo como un país en donde se permitiera la defensa de las personas detenidas pertenecientes al gobierno de la Unidad Popular, con esto se daba respaldo a la señal de gobierno justo, en donde los procesados políticos tendrían una defensa justa y que además el poder judicial guardaría el respeto a los derechos humanos, de ahí que se negara la tortura, el ajusticiamiento, las desapariciones, los allanamientos, las muertes por la aplicación de la ley de fuga, la detención por sospecha, etc. Conclusión que comparte plenamente el Sr. Gutiérrez al ser consultado sobre el tema “El poder judicial quedo intacto, por que no hay dictadura que logre avasallar un poder judicial, por que el poder judicial es el mecanismo de solución de conflictos el cual no se puede terminar por que no habría como solucionar los conflictos jurídicos. Yo creo que el poder judicial tiene un carácter a fin al poder, creo que es un poder corporativista que responde de manera directa a los estímulos del poder ejecutivo y es en la mayoría de las veces un poder subordinado a las políticas estatales además siente como suyo las políticas que están en palestra.”

A pesar de la actuación de los tribunales chilenos, existieron organismos e instituciones que se formaron con el único objetivo de no permitir la violación de los DDHH, a investigar donde se encontraban los detenidos, a obligar un justo proceso que permitiera no solo la libertad, si no también la garantía de saber que existiría una mínima transparencia en los procesos. Toda petición de justicia fue rechazada, la mayoría de los casos fueron derivados a las cortes militares con el pretexto de estar en un “estado de guerra”.

El padre José Aldunate, reclamó por la libertad de los detenidos, fue él quien junto con un grupo de personas se reunían en las afueras de la Villa Grimaldo (Centro de detención y tortura), exigiendo información acerca de los detenidos, él creó grupos de lucha pacífica como el Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo que no permitía el uso de la tortura. La opinión que el sacerdote compartió en la entrevista en ninguna manera justifica el actuar de tribunales “muchas muertes se hubiesen evitado si el poder judicial hubiese actuado en consecuencia, sin temor y con el solo hecho de haber sido fieles a la práctica de la justicia”. Hoy, a punto de cumplir noventa años, este sacerdote aún continúa en su lucha, desde otros horizontes, pero no deja de aprovechar cada ocasión en que innumerables personalidades del mundo político, social, cultural, etc. lo visitan para proclamar la dignidad del ser humando ante todas las cosas. Su discurso permanece con el paso de los años.

Es necesario decir que el poder judicial está obligado a seguir la obediencia a la ley, leyes que eran creadas por el Poder Ejecutivo que en su momento era ejecutado en su integridad por la Junta Militar. Aquellos jueces que permitieron la negación de libertad y la autorización de allanamientos y detenciones lo hacían de acuerdo a las leyes vigentes, no podían actuar de otra manera, a esto jurídicamente se le llama “formación positivista”, actuar como lo decía la ley, no interpretarla. Según la declaración hecha por los propios jueces en el año 1987 argumentaban: "Los Tribunales de Justicia son fieles cumplidores de la Ley, que para ellos sigue siendo la razón escrita y conforme a ella deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, sin que estén facultados para despreciar y no cumplir ese mandato y acudir a principios generales de moral..” (3), además el Colegio de Abogados argumentó el mismo año “...la interpretación mecánica de la ley lleva a sacralizar un texto legal y lograr su aplicación sin el discernimiento propio de la función judicial…”(4). ¿Es acaso esta seguidilla de declaraciones una justificación al actuar de las cortes chilenas en los casos presentados en pro de la defensa de los detenidos durante el gobierno militar?, o, ¿es el medio por el cual, amparándose en la propia legislación justifican su actuar de acuerdo a un principio legal que permite actuar de manera concordante a los dictámenes de la propia legislación?.


El miedo y la afinidad política

El miedo era el poder por el cual el régimen militar hacía cumplir sus dictámenes, era sabido de la existencia de las detenciones en campos de concentración y la aplicación de la tortura para conseguir confesiones que permitieran terminar con la oposición que se sostenía desde los puntos mas radicalizados dentro de la sociedad, nos referimos a movimientos revolucionarios como el MIR, MAPU, FPMR, etc. que actuaban al amparo del anonimato para conseguir el derrocamiento del gobierno militar, también se unían a estos grupos partidos políticos y movimientos sociales de tendencia izquierdista como el Partido Socialista, el Partido Comunista, sindicatos y agrupaciones con arraigo popular. Estos fueron los sujetos que fueron juzgados y sometidos a procesos por la justicia chilena, son las victimas de la influencia del miedo en el Poder Judicial. Cierto es que existieron jueces que se opusieron y condenaron a los ejecutores de violaciones a los DDHH, estos fueron los menos, es el caso el Juez Sr. René García Villegas, que publicó un libro titulado “Soy Testigo” (editorial Amerinda, Santiago, Chile, 1990), en donde da cuenta de su proceder y muestra los diferentes casos de asesinatos y tortura en los que el tuvo conocimiento, y de cómo el mismo Poder Judicial intento degradarlo y castigarlo por denunciar y someter a proceso a los autores materiales de los actos por él conocidos. Otros jueces y abogados que se pueden nombrar por respeto a su juicio y claridad son los Srs. Carlos Cerda, José Canovas Robles, Nelson Caucoto, Carlos Margotta, Hugo Gutiérrez, entre otros.



La afinidad política de algunos jueces que ostentaban los principales cargos dentro de las cortes de nuestro país, justificó y facilitó en gran medida la implantación legal del régimen militar, así como la permanencia del Poder Judicial como el único organismo estatal que quedo sin ser eliminado por completo dentro del régimen que se pretendía demostrar fuera del país.
La solución y reparación de los errores cometidos

Sin duda todo acto errado debe ser reparado, y toda imprudencia cometida justifica la solicitud de perdón.

En años recientes es sabido que tanto militares como actores del mundo político y religioso han señalado y declarado públicamente los errores y excesos cometidos durante el periodo de gobierno de la Junta Militar, y han pedido perdón, reconociendo los errores y las graves falta a las violaciones a los DDHH que demuestran en nuestros días los testimonios de miles de personas que fueron torturadas, asesinadas, desaparecidas, solo con la justificación de ser peligrosas para el futuro de la nación bajo la concepción militar. Aún están en las cortes cientos de casos cuyos procesos siguen atascados sin resolución por las trabas jurídicas que dejo la legislatura militar, es mas, se pretende resolver los casos de violaciones con la aplicación de la ley de amnistía, a cuyo parecer el Sacerdote José Aldunate señala “que la ley de amnistía es aplicable solo cuando todos los casos de violaciones a los DDHH este fallados y aclarados, las víctimas recompensadas, los desaparecidos encontrados y los culpables plenamente reconocidos, es necesario amnistiar a estos pero mediante un organismo constitucional que represente la autoridad chilena, a su razón podría ser un DL dictado por el Congreso”, el abogado Sr. Gutiérrez plantea que “la única aplicación que la ley de amnistía puede tener es para delitos comunes, los delitos de lesa humanidad, o crímenes de guerra no es posible darle aplicación por que seria un perdón que se da el mismo estado infractor y eso no es ético ni moral y tampoco pude ser jurídico…, lo que encuentro prioritario es que los tribunales cumplan con el deber de investigar, juzgar y condenar a los criminales de guerra y de delitos de lesa humanidad. Yo creo que la mejor forma de pedir perdón es contribuir a que el estado de derecho y la democracia se consoliden en este país”.

El pedir perdón o no de parte del Poder Judicial es un acto que solo debe ser evaluado en el fuero interno de quienes tiene el poder para convocar a la reflexión de sus integrantes, en el informe Rettig en su capítulo IV Actuación de los tribunales de justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, en donde concluye:

“Sin embargo, el conocimiento tomado por ella del conjunto de dichas situaciones ocurridas durante el período que comienza el 11 de Septiembre de 1973, la ha llevado a la convicción de que la ineficacia que se observa en el Poder Judicial para impedir las graves violaciones a los derechos humanos en Chile, se debió, por una parte, a fallas importantes del sistema jurídico y, por otra parte, también, a debilidad y falta de energía de muchos jueces para cumplir en plenitud su obligación de asegurar el respeto efectivo de los derechos esenciales de las personas.”(5)


Según el Informe Rettig, la incapacidad de los tribunales de justicia para hacer frente a las constantes denuncias de los familiares de los detenidos pasa por la ineficacia, fallas del sistema jurídico, a la debilidad y falta de energía, adjetivos que bajo la mirada ética de cualquier autoridad en la materia son imperdonables e in entendibles dado el carácter autónomo de este poder gubernamental. Si se analiza el concepto de soberanía entendida como “la facultad que el pueblo otorga a sus representantes para ejercer el poder, y que todo acto que violente la libre determinación de la sociedad para ejercer sus derechos, se podrá concluir también que la legislación creada durante el periodo de dictadura queda obsoleta, pues la soberanía y la libre determinación fueron anuladas al ejercer de facto este derecho la Junta Militar en pleno”(6). Se podría justificar el actuar de los tribunales bajo la mirada del capitulo anterior “el miedo y la afinidad política” o por la aplicación del criterio “positivista”, pero queda de plano descartado según las declaraciones y conclusiones citadas de los diferentes referentes que contiene este artículo.


No obstante, el poder judicial salió al paso de las sentencias hechas por el Informe Rettig con la declaración conjunta emitida en Mayo de 1991:

“En resumen, esta Corte estima que la Comisión, extralimitándose en sus facultades, formula un juicio en contra de los Tribunales de Justicia, apasionado, temerario y tendencioso, producto de una investigación irregular y de probables prejuicios políticos, que termina por colocar a los jueces en un plano de responsabilidad casi a la par con los propios autores de los abusos contra los derechos humanos.”(6)

Entre contradicciones y defensas de un lado o de otro, que tratan de dar cuenta de qué fue lo que realmente ocurrió, sucede que las causas por las violaciones a los derechos humanos siguen esperando en los tribunales, los culpables siguen libres, los desaparecidos aún no pueden encontrar reposo, tanto madres como esposas, hijos y familiares, aun deambulan por los tribunales pidiendo el encauzamiento de las denuncias. Aún no se hace justicia.

Conclusión

La etapa que nuestro país vivió bajo el gobierno de la Junta Militar encabezada por el Gral. Augusto Pinochet, se caracterizó por la violación sistemática a los Derechos Humanos, mediante la detención, tortura, asesinato y desaparición de personas, esto es por todos los sectores políticos y sociales incuestionable. Las denuncias hechas en los tribunales civiles fueron traspasadas en su gran mayoría a los tribunales militares, perdiéndose así toda posibilidad de lograr justicia. Las leyes dictadas por la Junta Militar solo perseguían lograr la continuidad del régimen y la nula posibilidad de contradecir democráticamente sus políticas gubernamentales. Ante la perspectiva internacional Chile estaba en una época obscura, de nada sirvió el llamamiento que en reiteradas ocasiones las Naciones Unidas proclamaron para que finalizaran las violaciones a los Derechos Humanos, todo giraba en pro de un solo objetivo “legitimizar el proceder interno de los diferentes actores que se alineaban en pro de la causa golpista”.

El poder judicial no solo tuvo al alcance de sus funciones poder dar curso a los miles de recursos de amparo puestos en sus tribunales, si no que además tuvo la posibilidad de defender los derechos constitucionales que garantizaban su total independencia en la aplicación y la interpretación de la legislación vigente, pues no lo hizo. Solo se limitó a proseguir con la aplicación de la ley tal cual se presentaba, negando toda posibilidad de justicia. Justicia que hoy reclaman los miles de desaparecidos y sus familias, la verdad es que el no haberse hecho de manifiesto una declaración de perdón por estos errores, podría interpretarse a estas alturas como una anécdota mas, lo que la sociedad en pleno requiere para su saneamiento es el cierre de todos los casos, una vez que se haya impartido justicia en cada uno de ellos, poder dar vuelta la página y que el proceso de transición quede de una vez por todas terminado.

El padre JS. José Aldunate declara: “a pesar de mi edad, todos los años al llegar marzo, escucho con atención el discurso inaugural de la Corte Suprema, intentando descubrir alguna frase, palabra o adjetivo que me permita por lo menos pensar que se deslizarse algún reconocimiento a los errores, alguna petición de perdón…sigo esperando…”





Bibliografía

(1).- Extraído de: http://www.poderjudicial.cl/0.8/noticias/venot.php?id=719
(2).-Extraído del “Informe Rettig” link: http://freespace.virgin.net/nicole.drouilly/rettig8.htm
(3) y (4).- Extraído de: http://www.chipsites.com/derechos/dictadura_poder_6_esp.html
(5).- Extraído del “Informe Rettig” link: http://freespace.virgin.net/nicole.drouilly/rettig8.htm
(6).- Cita de la cátedra “Introducción al Derecho” Sr. Carlos Margotta el 30/03/06.

(7).- Extraído de: http://www.poderjudicial.cl/0.8/noticias/venot.php?id=641

“Soy testigo”, autor Juez René García Villegas, editorial Amerinda, Santiago, Chile, 1990.


Entrevistados

Padre SJ. José Aldunate

Sr. Hugo Gutiérrez, abogado especialista en DDHH.

Sr. Carlos Pérez Soto, catedrático de la Universidad ARCIS